Comentario

El comercio, y sobre todo el comercio colonial, fue el sector económico más perjudicado en la coyuntura de finales de siglo. El comercio interior se hallaba lastrado por una sociedad mayoritariamente campesina, incapaz de dinamizar con su demanda las transacciones comerciales, y por una red vial muy deficiente que, como han señalado Ringrose y Santos Madrazo, suponía un inconveniente añadido para una adecuada articulación del mercado.
La balanza comercial con Europa era deficitaria. En 1792, un buen año comercial en términos generales, el valor de las importaciones españolas superó en 317 millones de reales a las exportaciones. Era además un comercio dependiente, donde un número importante de comerciantes mayoristas instalados en los puertos mediterráneos y atlánticos era de comisionistas de casas extranjeras. Los intercambios de España con el mundo giraban, en buena medida, en torno al eje del comercio colonial, fundado sobre el principio del monopolio. América, según las reglas del pacto colonial, debía ser un mercado exclusivo de la economía metropolitana, la cual estaba obligada a atender las necesidades de aquellos productos agrícolas o manufacturados que demandaran los habitantes de las colonias, obligados a la exclusiva producción de materias primas.

Sin embargo, la incapacidad de la economía española de ofertar productos manufacturados competitivos y suficientes, creaba graves disfunciones en el sistema monopolista, además de una creciente frustración entre la población criolla a la que, por un lado se le impedía cualquier iniciativa industrial y, por otro, se le obligaba a adquirir manufacturas a precios superiores a los que corrían más allá de los lindes impuestos por el monopolio, reduciendo sus posibilidades de intercambio.

Campomanes había ya manifestado en 1762 la necesidad de introducir reformas que redujesen la rigidez del sistema y evitasen la propagación de veleidades emancipadoras entre los criollos. En sus Reflexiones sobre el comercio español a Indias, el fiscal de lo civil del Consejo de Castilla abogaba por eliminar las complejas reglamentaciones y restricciones específicas existentes en las relaciones comerciales entre España e Indias, y por abrir el tráfico con América a los puertos peninsulares para así fomentar una producción agraria y manufacturera capaz de cubrir la demanda americana e integrar económicamente el Imperio. En 1775, Campomanes reiteraría la necesidad de liberalizar el comercio con Indias en el último capítulo de su Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento. Dos años después, se hizo público el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre, con un preámbulo que reflejaba similares objetivos a los expuestos por Campomanes: "restablecer la Agricultura, la Industria y la población".

Sin embargo, la realidad productiva española siguió sin capacidad para afrontar el reto de satisfacer las necesidades coloniales. La legislación de 1778 facilitó, paradójicamente, una situación ya existente con anterioridad: la entrada de productos extranjeros para su reexportación a América, con un comercio español reducido al simple papel de comisionista.

No obstante, tras la firma en 1783 de la Paz de Versalles, que ponía fin a la guerra con Gran Bretaña iniciada en 1779 aprovechando las dificultades inglesas con motivo de la declaración de independencia de sus colonias en Norteamérica, el comercio colonial vivió una situación de euforia que en Cádiz culminaría en 1792, y que en Cataluña sólo se vería interrumpida momentáneamente por la crisis de 1787, provocada por el hundimiento de los precios del aguardiente, dada la saturación del mercado, y el auge del contrabando inglés de manufacturas textiles. Hasta 1786, Gran Bretaña venía interviniendo en la reexportación de manufacturas propias a América desde Cádiz, utilizando comisionistas gaditanos. La Real Orden de 11 de julio de 1786 prohibiendo el embarque para Indias de textiles extranjeros provocó un fuerte auge del contrabando de telas inglesas que redujo la demanda americana de manufacturas catalanas.

La Guerra de la Convención no causó un serio quebranto en el comercio colonial, aunque la actividad mercantil en la importante plaza gaditana se contrajo en 1793 y 1794, y en Cataluña alguna quiebra afectó a comerciantes importantes, como los Gloria, una familia mercantil poderosa, pero los fabricantes del sector algodonero no sufrieron ninguna bancarrota de consideración.

La declaración de guerra a Inglaterra en octubre de 1796 modificó dramáticamente la coyuntura. El corso inglés en el Mediterráneo y el estricto bloqueo de Cádiz tras la derrota naval del cabo San Vicente en febrero de 1797, interrumpieron el comercio español con Indias, quedando América desabastecida y sin posibilidad de dar salida a su producción colonial.

El Decreto de 18 de noviembre de 1797 quiso paliar esa dramática situación al permitir que los países neutrales pudieran comerciar directamente con los puertos americanos. Los Estados Unidos se convirtieron en el principal abastecedor de las colonias y en su mejor cliente. La trascendencia de esta medida legislativa, que dejaba en suspenso el pacto colonial, fue extraordinaria e insospechada. Pese a que fue derogada el 20 de abril de 1799, restaurándose el monopolio, sus efectos sobre la sociedad criolla habían sido enormes. La producción autóctona había aumentado, como también el volumen de su comercio, y los criollos habían logrado productos manufacturados variados, de calidad y a precios muy ventajosos. La negativa de Cuba, Caracas, Guatemala y Puerto Rico a aceptar la derogación del decreto del 18 de noviembre de 1797, que les había permitido intercambiar productos con países neutrales, era la constatación de que los criollos tomaban conciencia de que podían subsistir liberados de las ataduras que los ligaban a la metrópoli.

El bloqueo de la bahía gaditana y la interrupción del comercio catalán produjeron grandes pérdidas. Según García-Baquero, fueron numerosas las quiebras de compañías comerciales gaditanas y la totalidad de las cincuenta y cuatro casas aseguradoras que operaban en Cádiz se arruinaron al no poder soportar los gastos derivados de los 186 navíos apresados por los ingleses. En Cataluña, la paralización del tráfico redujo a mínimos la producción industrial, aumentando considerablemente el paro. El deterioro de las condiciones de vida se vio agravado por la pésima cosecha de 1797-1798.

Según Canga Argüelles, la guerra había provocado la desaparición del espíritu de empresa por falta de capitales y de confianza, y el suceder a la actividad la inercia, la miseria a la abundancia, y la parálisis más funesta al movimiento de vida en que se fundan la grandeza y el poder de las nociones. La parálisis a la que hacía referencia Argüelles se mantuvo hasta el momento mismo en que las hostilidades con Inglaterra cesaron en noviembre de 1801.

Según Antonio Alcalá Galiano, testigo directo del acontecer gaditano, con la Paz de Amiens empezaron a venir a Cádiz en abundancia buques de varios puntos de América, todos con buenos cargamentos. Y si en Cádiz se regresaba a la normalidad, en Cataluña el incremento fue espectacular. Sin embargo, la bonanza comercial fue breve. En agosto de 1804 el corso británico comenzó a interceptar el tráfico colonial, lo que auguraba la inmediata reanudación de la guerra con Inglaterra.

A mediados de octubre, abiertas formalmente las hostilidades, la situación volvió a ser similar a la del período 1796-1802, y comerciar con América fue nuevamente una aventura arriesgado, como la calificó Pierre Vilar. El desastre de Trafalgar en octubre de 1805 disipó cualquier esperanza de proteger el tráfico comercial al quedar destruida la armada, con lo que el Atlántico pasaba a ser un océano británico. Los ingleses atacaban, incluso, a las propias colonias. En junio de 1806, Beresford tomó Buenos Aires, aunque tuvo que abandonar la ciudad dos meses después, y en febrero de 1807 Montevideo fue ocupada durante cinco meses.

El azúcar desembarcado en Cádiz pasó de 969.000 arrobas en 1804 a 28.00 en 1805, 2.583 un año después, y a sólo 1.216 arrobas en 1807. Descensos similares afectaban al cacao y al tabaco, y en 1807 ningún navío con oro o plata llegó con destino a la Depositaría de Indias. En Cataluña las quiebras se sucedieron. Delgado Ribas ha documentado treinta y siete bancarrotas durante la contienda, de las que el 35 por ciento correspondió al sector textil algodonero. Entre los comerciantes y fabricantes catalanes existía la convicción de que no había futuro sin un mercado protegido, pero éste ya no podía ser el colonial, que se oponía a regresar al régimen del monopolio. La anulación en 1814 de las medidas liberalizadoras aprobadas por las Cortes de Cádiz, dio un impulso definitivo al movimiento emancipador, que logrará después de 1824 la independencia definitiva de las colonias.